Con algunas medidas controversiales y resistidas por la población en general, se diluyen el crecimiento y el aire de satisfacción con que la población argentina venia desarrollando su actividad comercial, tanto en las economicas nacional como regional, en los últimos años.
Grandes esperanzas fueron puestas en las nuevas administraciones (votadas por miles de argentinos), pero la realidad es que se afrontan hoy debates con diferentes frentes, y lo obvio es que, en la medida que dichos reclamos sean atendidos y/o comprendidos en su real dimensión, lograrán los resultados satisfactorios a todas las partes; de lo contrario, la resistencia que caracteriza a la incomodidad generalizada, será el factor enajenante de la racionalidad.
Al mercado inmobiliario, lo afectarán en un grado u otro los alcances de las normativas que han sido impuestas, - a los oferentes de inmuebles, sean éstos operadores o dueños, sin diferenciaciòn de roles y responsabilidades,- medidas que pretenden ser implementadas por AFIP y que no siguen el camino natural y correcto. Nos referimos a la implemntación del COTI.
La obligación a cumplir - a la fecha con sucesivas postergaciones - sólo implica un mayor desconocimiento del sentido y alcance de la normativa, y del control que se pretende aplicar y de su objetivo real, ya que el público no comprende y teme la finalidad, por que es lo peor es que, se sigue desconociendo el verdadero y simple camino, que es: el Registro de la Propiedad inmueble.
Verdadera y única fuente de información cierta.
La lamentable imprecisión genera amenazas que se asemejan más a un control de caracterìsticas hitlerianas, que al normal ordenamiento que se requiere implementar desde una sabia ADMINISTRACION y en aras del interés público, en justa equidad.
No es comprensible que un hecho futuro e incierto, como es la venta de un inmueble, deba ser denunciado ANTES de que suceda.
No estoy en contra del ordenamiento. Sino en contra de las presiones que se ejercen sobre los ciudadanos que cumplen con normalidad sus tareas y sus responsabilidades, hay comunicaciones amenazantes que oprimen a los trabajadores del sector, desoyendo las reflexiones o sugerencias que los Colegios profesionales y la Cámara inmobiliaria, acercan a las autoridades en forma continua desde una faz colaborativa y cohesionada.
Esperemos que las autoridades sepan implementar reglas ò normativas de fácil aplicación en aras del bien común y no en desmedro de la actividad inmobiliaria, resintiendo a uno de los mercados que más contribuye al desarrollo de las economías regionales.
Los desarrollos inmobiliarios son una fuente generadora y constante de nuevos empleos, ya que el ramo de la construcciòn y los diversos rubros que lo acompañan, se perfeccionan y actualizan, con el consecuente incremento de la actividad industrial, necesaria y evolutiva, en funciòn de las nuevas tecnologìas requeridas por los usuarios, los que unidos a la competitividad del mercado agrìcola-ganadero, son atractivos y necesarios componentes del crecimiento econòmico nacional.
Es comprensible la adecuaciòn de las tasas municipales o de las alicuotas de caràcter impositivo a los precios reales del mercado, pero tambièn es cierto y necesario realizar evaluaciones en funciòn de hechos concretos y no supuestos.
Y principalmente, desde una base fundada en tasaciones profesionales o mediciones de agrimensura sobre cada inmueble en particular.
Y entonces, sì SERA JUSTICIA.
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