Proyecto sobre alquileres ya paraliza operaciones
Por: Florencia Lendoiro
En un principio, lo tomaron sólo como un proyecto disparatado. Cuando comenzó a discutirse en el Senado, decidieron presentarse y explicar por qué no se puede aprobar una ley que consideran que está en contra de la propiedad privada. Ahora, los operadores inmobiliarios están realmente preocupados por el proyecto de ley de alquileres de la senadora riojana kirchnerista Teresita Quintela, que ya está frenando operaciones y proyectos inmobiliarios.
Según comentaron a este diario fuentes del sector, luego de que Ámbito Financiero alertó sobre el avance en el Senado de la ambiciosa propuesta para estatizar los alquileres, recibieron numerosas consultas referidas al tema. «Una persona estaba a punto de comprar un departamento nuevo en Capital Federal para poner en alquiler con una indemnización que cobró. Me dijo que iba a suspender la operación hasta ver qué pasaba con esta ley», contó un importante operador porteño. Coincidió un colega suyo, que aseguró que ya tuvo más consultas sobre la evolución en el Congreso de esta nueva ley, que sobre las posibilidades que brinda el régimen de blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno para invertir en inmuebles.
Las dudas entre los inversores se intensificaron esta semana, cuando este diario publicó el avance del proyecto de alquileres en el Senado. Representantes de diferentes cámaras que agrupan inmobiliarios, propietarios y administradores de consorcios participaron de una reunión donde explicaron a asesores de cinco comisiones las consecuencias que traería la puesta en práctica de este proyecto.
En líneas generales, la propuesta crea un órgano (Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Alquilar) que fija los valores mensuales de las locaciones. Al valor del alquiler mensual se llegaría, según la ley, dividiendo por 150 el valor de la propiedad. Además, dice que las renovaciones de los contratos serán automáticas, y que el esquema rige también para el sector comercial.
El resto del texto agrega más trabas para un desarrollo normal del mercado inmobiliario y por eso, se opone todo el sector. Entre otros: la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, la Federación Inmobiliaria Argentina, la Cámara de Propietarios y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires y el de martilleros de la Provincia de Buenos Aires.
Es que, además del contenido del plan, el momento en que se comienza a discutir no es el más propicio. El mercado inmobiliario está severamente dañado por la recesión económica. La venta de propiedades está prácticamente frenada (cayó casi un 30% la cantidad de operaciones de compraventa en junio) y según datos del sector luego de un año en el que la oferta de unidades en alquiler no alcanzaba a satisfacer la demanda, hoy hay casi un 50% más de departamentos en alquiler.
El proyecto debe ahora pasar por cinco comisiones antes de ser tratado en el Congreso: Asuntos Administrativos y Municipales (que precisamente preside la autora de la iniciativa), de Legislación General, Infraestructura, Vivienda y Transporte; de Economía Nacional e Inversión, y de Presupuesto y Hacienda.
En rigor, entre los asesores de los legisladores que integran esas comisiones, no son optimistas. Al igual que le sucedió en 2007, cuando fue presentado sin éxito, el proyecto no contaría con el guiño del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hoy no descartan que se le conceda al menos tratamiento para conservar aliados en momentos de la diáspora desatada entre los legisladores kirchneristas.
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